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Núñez Morgades considera una 'brutalidad' que los menores delincuentes cumplan su pena en la cárcel al cumplir 18 años

El Defensor comparte las críticas de Enrique Múgica sobre la falta de "condiciones mínimas" en los centros de internamiento de Madrid

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, calificó hoy de "brutalidad" que los menores infractores que cumplen medidas de reinserción pasen a las cárceles ordinarias cuando cumplan 18 años y señaló que esta medida "supone un retroceso y un reconocimiento de la impotencia de la sociedad para recuperar a los menores".

En un encuentro con periodistas de la Asamblea de Madrid, Núñez Morgades se refirió así a esta posibilidad contemplada a partir de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que se aprobó el pasado año, pero que no ha entrado en vigor, y que ha sido reclamada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, solicitó el pasado mes de noviembre en la Cámara madrileña, durante el debate para la aprobación de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que se endureciesen las penas para los menores que cometen delitos graves y que cumplan pena en la cárcel.

En este sentido, Núñez Morgades subrayó que, de acuerdo con lo que afirman los psicólogos y psiquiatras, los menores que no tienen formada su personalidad son recuperables para la sociedad, e instó a las administraciones a invertir en los centros de reforma, "que son el vehículo adecuado para recuperarlos, y no a tirar todo por la borda".

"HAY QUE VER SI LOS MENORES SON RECUPERABLES"

"Espero que esta medida no salga adelante y si es así, desde luego que contará con toda la oposición del Defensor del Menor. Lo que tenemos que pensar es ver si los menores son recuperables", aseveró Núñez Morgades, quien recordó que en el caso de que los menores cumplan pena en la cárcel debe ser a partir de los 23 años.

Asimismo, consideró un acto de "impotencia" el que los menores cumplan pena en la cárcel pues, a su juicio, "demuestra que no somos capaces de recuperar al menor y habremos reconocido esa impotencia nunca aceptada para recuperar a un ser que ha infringido y que hay que corregir en un momento adecuado".

El Defensor no quiso precisar si esta medida responde al alto coste que tienen los centros de menores (hasta cuatro veces más que la cárcel) e insistió en que los poderes públicos deberían explicar a la sociedad el contenido de la Ley del Menor con el fin de que los ciudadanos no se vuelvan en contra, como ha ocurrido, según dijo.

"RAZONAR CON LA SOCIEDAD"

Por este motivo, afirmó que lo que las administraciones públicas tendrían que pensar en estos momentos "no en dar satisfacción a una sociedad que pide el endurecimiento de las penas, sino razonar porque esa medida (cárcel a partir de los 18 años) no es sólo inconveniente para los menores, sino para la propia sociedad".

"Si en vez de ver a corto plazo vemos a medio y largo plazo que queremos una sociedad estable, libre, feliz y con una seguridad ciudadana sostenida, lo que tenemos que hacer es intentar, con medidas preventivas, que el menor que delinca y aquellos otros que se nos escapen puedan ser recuperados para la sociedad", apostilló.

CENTROS "SIN REQUISITOS MÍNIMOS"

En relación con las críticas del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sobre la situación de los centros de menores como 'Altamira', 'El Madroño', 'Renasco' y 'El Pinar', que no cumplen los "requisitos mínimos" para el internamiento de los menores, el defensor dijo compartirlas en su totalidad.

Además, destacó el "deterioro tan palpable" de la Ley del Menor y la "negligencia de los poderes públicos en dejar en desamparo la ley que debe dar respuesta al artículo 25 de la Constitución Española (recuperar a los delincuentes)" e insistió en la necesidad de que los ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central aborden el desarrollo del texto y lo doten de "todos los recursos".

Así, criticó que no haya fiscales ni jueces suficientes ni equipos técnicos para valorar las circunstancias del menor y dictar una sentencia adecuada a cada uno, además de la ausencia de centros adecuados y medidas en favor de la comunidad (limpiar calles o cuidar enfermos) que, según indicó, "son suficientemente disuasorias".

Núñez Morgades responsabilizó a las administraciones de no ser capaces de abordar la responsabilidad penal del menor desde la prevención y la recuperación y agregó que para lograr una sociedad segura "hay que poner en vigor con todos los recursos una ley que se votó por unanimidad y que ha quedado en un desamparo incomprensible".

OBSERVATORIO DEL MENOR

Finalmente, indicó que planteará la creación de un Observatorio del Menor para conocer su realidad, hacer un diagnóstico y establecer las medidas de coordinación de las administraciones. "El menor es un ser vulnerable para el que no existen fronteras ni ámbitos competencias y este observatorio es una invitación a que mantengamos el consenso que decimos, pero que hay que plasmar en medidas", concluyó.