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Matrimonio Gay.- López Aguilar afirma que la ley vincula a los jueces y espera que no haya objeción de conciencia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó hoy que los jueces y magistrados están vinculados por la Ley, por lo que espera que no se produzcan situaciones de objeción de conciencia en este colectivo, a raíz de llamamiento realizado por el Vaticano para que no oficien bodas entre parejas homosexuales.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, aseguró entender la postura de Roma, teniendo en cuenta "la cultura y la doctrina que inspira a la Iglesia Católica". Así, explicó que el Gobierno "las escucha con respeto y no busca confrontación".

López Aguilar, señaló que no es la primera vez que se ha planteado la cuestión de la objeción de conciencia en la aplicación de las leyes, si bien, valoró que "afortunadamente el Estado Constitucional de Derecho ofrece respuesta, especialmente para aquellos que tienen como deber profesional principal la aplicación de las leyes que aprueba el parlamento. "Jueces y magistrados del poder judicial están vinculados por la ley y esperamos que estas situaciones no se produzcan", recalcó.

COMPROMISO CON LOS CIUDADANOS

En cualquier caso, el ministro insistió que el proyecto de 'matrimonio gay' responde a un compromiso electoral del Gobierno, por lo que "a nadie puede sorprenderle que muestre firmeza y al mismo tiempo respeto y capacidad de diálogo".

El Gobierno mantiene que este proyecto "no lesiona los derechos de nadie ni minora el estatus de las familias matrimoniales españolas" y además, "no es una iniciativa desvinculada de valores". "El Gobierno está profundamente comprometido en valores, con una concepción de la dignidad de la persona y la libertad en una sociedad abierta y plural", valoró.

Respecto a la posibilidad que abre a la adopción, el ministro recuerda que "en España los homosexuales ya adoptan acogiéndose a la prohibición constitucional de que a nadie se le pregunte por su orientación sexual para poder concurrir a un procedimiento administrativo".

Según explicó, se trata de cumplir de manera satisfactoria el procedimiento que garantiza la idoneidad de todas las personas que se ofrecen como candidatos para una adopción, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales que han de protegerse en este caso son los del menor y no los del adoptante.