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Las Cortes de C-LM instan al Gobierno a realizar gestiones ante Guatemala para proteger la vida del obispo Ramazzini

TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS)

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó hoy, por unanimidad, instar al Ejecutivo español a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno de Guatemala para que proteja la vida del obispo Ramazzini y cuantas personas estén amenazadas, en su lucha por los derechos de los pueblos indígenas de la zona.

Durante el debate de la Proposición no de Ley presentada por el PSOE, la diputada Matilde Valentín aseveró que Ramazzini ha dedicado su vida a luchar por las condiciones de vida de estas pueblos, donde los índices de pobreza se acercan al 90 por ciento, y contra las extracciones de metales que se están llevando a cabo en la zona, debido a que las mismas hayan repercutido en el incremento de la riqueza de esas poblaciones.

Por denunciar esta situación, enfrentarse a los poderes económicos y políticos y trabajar para que la dignidad de estas personas quedara por encima de esos intereses, Ramazzini y algunos líderes campesinos están sufriendo amenazas, tal y como, según Valentín, ha denunciado la comarca albaceteña de La Manchuela, que realiza proyectos de cooperación internacional en Guatemala, lo que llevó a la parlamentaria socialista a pedir el apoyo de la Comunidad Internacional, y el de la Cámara regional en concreto.

En este sentido, Matilde Valentín aseveró que Castilla-La Mancha es la primera región de España que más fondos destina a la cooperación al desarrollo, según un informe de Intermón-Oxfan, y la que antes resuelve las convocatorias de solidaridad internacional, y avanzó que en la convocatoria de este año, que se resolverá pronto, se han presentado 272 nuevos proyectos.

Desde el PP, la diputada Teresa Aguirre mostró su apoyo a la iniciativa socialista pero señaló que el derecho a la vida es el que más se incumple de los recogidos en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos no solo en Guatemala, sino en muchos países como Colombia, Honduras, Cuba, Haití o Nepal, por lo que solicitó que esa protección, además de a Ramazzini, se generalizara a todas las autoridades en cuyos países se conculquen los derechos humanos.

Matilde Valentín, que agradeció al PP su apoyo a la Proposición no de Ley, recordó que la extensión de la misma a cualquier parte del mundo es una obligación muy genérica que debe asumir cada gobierno. No obstante, la resolución aprobada por PP y PSOE insta también al Gobierno central a que continúe vigilante ante la posible conculcación de los derechos humanos, especialmente el de la vida.