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El fiscal coordinador de Menores del TS afirma que el caso de Jokin ha provocado un aumento de denuncias por bullying

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El fiscal de Coordinación de Menores del Tribunal Supremo de Justicia, Manuel Dolz, aseguró hoy que el caso de Jokin C.L, el adolescente de 14 años que se suicidó el pasado mes de septiembre tras sufrir acoso por parte de sus compañeros, ha provocado "un aumento de las denuncias por acoso escolar" ya que, según dijo, "se ha tomado conciencia de que no es una cuestión infantil y sólo del colegio, sino que es una cuestión más trascendente e importante".

Dolz aseguró, tras asistir en Valencia a la jornada sobre 'El acoso entre compañeros en la escuela. Bullying' organizada por la Fundación Estema, que ahora "hay más conciencia y por tanto más denuncias", lo que derivará en "mayor número de juicios o en la apertura de más expedientes".

En este sentido, manifestó que, en estos momentos, "se está estudiando el sistema para poder llegar a una efectiva y eficaz protección de los menores víctimas de acoso" y, al respecto, aseguró que en España "existen los mecanismos suficientes" para atajar este problema "desde el momento en que en el Código Penal se castigan ese tipo de conductas como delitos de trato degradante".

Así, dijo, "si como consecuencia de esa acción deriva una muerte se puede incluso imputar un homicidio imprudente". Según Dolz, primero "debemos conocer la existencia de estos casos a través de denuncias para así demostrar que estos agresores someten a este trato a los menores víctimas de acoso escolar".

Dolz señaló que actualmente hay "más denuncias" ya que "al conocerse públicamente que se puede intervenir a través de la fiscalía y que se puede perseguir a los menores que someten a este acoso escolar sus propios compañeros, se ha tomado conciencia de que no es una cuestión infantil y sólo del colegio, sino que es una cuestión más trascendente e importante".

En cuanto a las sanciones que podrían recaer sobre un menor que protagoniza acoso escolar explicó que pueden ir desde la privación de libertad, con el internamiento del menor en un centro, hasta medidas de 'medio abierto' que son libertades vigiladas, prestaciones en beneficio de la comunidad, permanencia de fin de semana en centros o en el domicilio y amonestaciones.