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Núñez Morgades cuestiona la suspensión de sentencia a los agresores de Jokin y dice que desacredita la Ley del Menor



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, cuestionó hoy la decisión del juzgado de menores de San Sebastián de suspender la ejecución de la sentencia de internamiento para los siete agresores de Jokin Ceberio y exigió una explicación para evitar que se produzca una alarma social.

A su juicio, es imprescindible que se expliquen las motivaciones que avalan determinadas decisiones judiciales que, como esta, "causan alarma social y contribuyen a que el ciudadano pierda la fe en las instituciones. En este caso, cree que le corresponde dar la explicación al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a través de su gabinete de comunicación.

Núñez Morgades entiende que esta decisión, desde el punto de vista jurídico, "puede ser correcta" ya que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en su artículo 40, otorga al juez la capacidad de suspender la ejecución de la sentencia si ésta condena a menos de dos años y lo motiva suficientemente.

Sin embargo, advierte de que "no hace más que aumentar la sensación de impunidad que la sociedad tiene hacia esta Ley porque el menor infractor, además de ser recuperado para la sociedad debe cumplir una medida proporcionada a los hechos por los que se le juzga".

Por otra parte, critica a las familias de los agresores porque, "lejos de aceptar desde el principio la gravedad de los hechos y la crueldad de los comportamientos de sus hijos" (tal como reconoce la Audiencia) "quisieron quitarle hierro al asunto y, según parece, ni siquiera se han puesto en contacto con la familia de Jokin". Por ello, el defensor duda de que las familias sean el espacio adecuado en el que los menores puedan rehabilitarse.

EL FALLO DE LA AUDIENCIA

Tal y como recuerda el Defensor, a través de un comunicado, el fallo de la Audiencia reconocía que las agresiones que Jokin sufría le provocaron una reacción depresiva aguda que terminó abocándole al suicidio.

Asimismo defendía el internamiento como una medida imprescindible para que los menores aprendiesen el respeto a la dignidad, desaprobaran su conducta vejatoria y lesiva y reconocieran la significación del sufrimiento causado a su compañero, además de reprochar a las familias de los agresores la actitud que adoptaron.

Por este motivo, el Defensor señala que la sociedad no va a entender que estos menores "queden sólo con un castigo de libertad vigilada y con unas familias que ni siquiera les han reprobado sus comportamientos". "No es de extrañar que la Ley del Menor tenga cada vez más descrédito entre los ciudadanos", añade.

No obstante, reitera su rechazo al endurecimiento de las penas para los menores infractores, aunque señala la necesidad de que las sentencias tengan un efecto reparador y disuasorio y sirvan para que se cumplan medidas correctoras proporcionadas. "La decisión de esta juez, revocando el criterio de una instancia superior, evita esto", concluye.

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