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Sudán.- Amnistía acusa a Jartum de perseguir a las personas que denuncian los abusos en Darfur



LONDRES/BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que, "en lugar de tomar medidas decisivas para detener las violaciones de Derechos Humanos generalizadas en Darfur", en el oeste de Sudán, el Gobierno sudanés trata de eludir la presión internacional intentando acallar a quienes denuncian los abusos.

"En lugar de detener a los que cometen violaciones De derechos Humanos, las autoridades sudanesas detienen a quienes los ponen en evidencia", declaró hoy la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, a través de un comunicado.

Amnistía destaca que, a pesar de los riesgos que ello entraña, "la gente denuncia y continuará denunciando las violaciones de Derechos Dumanos que se cometen en Darfur, pues cree que ya no tiene nada que perder".

El próximo 30 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatirá el informe del secretario general sobre la situación en Sudán. "Mientras se siga intimidando y deteniendo a quienes denuncian estas violaciones, los compromisos contraídos por el Gobierno de Sudán ante la comunidad internacional seguirán siendo palabras vanas", prosiguió Irene Khan.

La organización lamenta que la libertad de expresión haya estado "especialmente ausente" de los debates políticos entre el Gobierno sudanés y las Naciones Unidas u otros interlocutores. "La libertad de expresión es fundamental, no sólo porque es un derecho en sí mismo, sino porque actúa en defensa de otros derechos", afirma AI. "A menos que se permita a la gente hablar libremente, será difícil que los observadores de la ONU y de la Unión Africana evalúen de forma precisa los progresos que se hagan en Darfur", añade.

Entre los encarcelados por hablar de la crisis, que figuran en el último informe de Amnistía Internacional, destacan las siete personas detenidas en Abu Dereja, cerca de Al Fasher, el 15 y el 17 de julio, por dar información a los enviados de la Unión Africana que actuaban como observadores del cumplimiento del Acuerdo de Alto el Fuego. Según los informes, estas personas seguían detenidas el pasado 20 de agosto en el Centro de Seguridad Nacional de Al Fasher.

CONTROLAR LA INFORMACION

Las autoridades sudanesas también están tratando que la sociedad civil deje de debatir sobre las causas de la crisis y sus soluciones, según Amnistía, que denuncia que las autoridades han detenido a personas por presentar peticiones, tratar de organizar reuniones públicas y oponerse al regreso de los desplazados por el conflicto a zonas no seguras.

Aparte, la prensa sudanesa independiente está muy controlada, y la televisión y la radio estatales ofrecen una visión parcial de la crisis, calificando de "conspiración contra Sudán" los informes de los medios de comunicación extranjeros sobre las violaciones de Derechos Humanos de Darfur. Según un abogado sudanés, citado por AI, "uno de los problemas es la falta de información que hay en Jartum sobre el conflicto. La gente en Jartum desconoce lo que ocurre en Darfur. En la televisión y en la radio el Gobierno dice que todo va bien en Darfur, que la gente recibe ayuda y que todo está bajo control".

Amnistía denuncia también que el Gobierno sudanés ha tratado de controlar la información sobre la crisis negando, a pesar de las numerosas peticiones, el acceso a Darfur a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, incluida Amnistía Internacional, por haberse mostrado críticas hacia él.

LA CRISIS DE DARFUR

El conflicto bélico de Darfur comenzó en febrero de 2003 y se ha cobrado ya más de un millón de personas desplazadas, 170.000 refugiadas, al menos 50.000 muertos y miles de mujeres y niñas violadas. Para Amnistía Internacional, es "preocupante" la falta de avances significativos para la población civil a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno sudanés y de la aprobación de la resolución 1556 del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto.

Amnistía Internacional también ha denunciado el continuo uso de violación de mujeres como arma de guerra por parte de la milicia janjawid, la relación de ésta con el Ejército sudanés y la exportación de armas al Gobierno de Sudán --desde países como España-- cuando existen evidencias claras de participación directa de las fuerzas de seguridad en violaciones de Derechos Humanos.

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