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Seis inmigrantes no pueden imputar directamente al jefe de Extranjería de Jaén tras admitir que 'no lo han visto nunca'

El juzgado rechaza la puesta en libertad del marroquí encarcelado y la Audiencia Provincial tendrá que resolver la apelación

JAEN, 16 (EUROPA PRESS)

Seis de los siete inmigrantes que denunciaron una presunta trama de irregularidades en la concesión de permisos declararon ayer en el juzgado de instrucción número uno de Jaén que no han visto "nunca" ni han tenido "relación directa alguna" con el ex funcionario jefe de Extranjería imputado en esta causa.

Según informaron a Europa Press fuentes judiciales cercanas al caso, los inmigrantes se ratificaron en sus denuncias sobre la concesión de permisos de residencia a cambio de dinero o de regalos, si bien sus declaraciones "matizaban" algunas cuestiones que habían trascendido a la opinión pública, y, sobre todo, dejaban sin imputación directa al funcionario José B.S.

Así, las citadas fuentes indicaron que los denunciantes reconocieron que "no le habían visto directamente nunca" y que las gratificaciones que se pagaban irregularmente se depositaban en lugares neutrales, como en un coche del que los intermediarios aseguraban que era propiedad del funcionario.

De este modo, la acusación contra José B.S. podría haberse sustentado "sólo en lo que les decían" esos presuntos intermediarios a los inmigrantes a los que se ofrecía la regularización a cambio de dinero.

Por otro lado, y después de que el funcionario quedase en libertad bajo fianza, la titular del mismo juzgado rechazó el recurso contra el ingreso en prisión del otro imputado por los hechos, el marroquí Rashid A., que permanece en la cárcel a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso de apelación.

José B.S. fue cesado como jefe de la Oficina de Extranjería tras ser detenido y acusado de haber cometido delitos de prevaricación, cohecho y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Los dos últimos también le fueron imputados al marroquí Rashid A.

Según las pesquisas policiales y las denuncias efectuadas por inmigrantes, esta red se dedicaba presuntamente a la autorización irregular de inmigrantes cobrando entre 3.000 y 6.000 euros a cambio de la concesión o renovación de los permisos de residencia.

En su testimonio, afirmaron que el proceso de "captación" se realizaba a través de dos inmigrantes que habrían ofrecido supuestamente a otros la posibilidad de regularizar su estancia a cambio de dinero.