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Albergue.- Asigc estudiará si las autoridades cometen algún delito al 'prejuzgar' y emitir un 'veredicto particular'

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asigc) estudiará si las "manifestaciones de las autoridades gubernativas prejuzgando y dando un veredicto particular" sobre el suceso del albergue de Todolella (Castellón), en el que fallecieron 18 personas, "pudieran ser constitutivas de alguna infracción del ordenamiento jurídico", según informó hoy esta organización en un comunicado.

Asigc contesta así a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la Subdelegación del Gobierno en Castellón y la Guardia Civil, que ayer anunciaron la posibilidad de emprender medidas contra esta asociación por "desvelar datos del suceso", así como por "responsabilizar al Ayuntamiento de Todolella de la tragedia".

La asociación de guardias civiles manifestó que dichos organismos "están en su perfecto derecho de estudiar las acciones legales que crean oportunas", sin embargo, aseguraron que "ningún miembro de la asociación ha desvelado hechos de los que hubiere conocido por razón de su cargo a los medios de comunicación".

Además, señalaron que el comunicado en el que reclamaban la incoación de un expediente sancionador contra los responsables del albergue, "no contiene información que hubiera desvelado ningún guardia civil de la asociación, por su desempeño profesional, sino que es consecuencia de las revelaciones que personas, medios de comunicación y autoridades, han efectuado desde que ocurrió el suceso".

En este sentido, defendieron que dicho comunicado "ha resultado ser acertado", pues "se deduce por lo que se conoce públicamente, que el albergue incumplía normas administrativas prescritas para establecimientos turísticos rurales".

Desde Asigc consideraron que su actuación "está justificada y amparada por el artículo 20 de la Constitución, que establece que las personas tienen derecho a recabar información veraz y a difundirla". Además, destacaron que la asociación, como entidad jurídica colectiva, tiene entre sus fines legalmente autorizados "la promoción de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, iniciando las acciones legales en defensa de los intereses profesionales, sociales o generales, cuando sea preceptivo y posible", entre otros.

Por lo tanto, añadieron, "cumple con su función asociativa", pues, "si se tiene conocimiento de una infracción, máxime cuando ello ocurrió en un establecimiento, albergue o inmueble donde fallecieron 18 personas, y la autoridad competente no inicia las acciones administrativas para tramitar un expediente y adoptar una resolución, incurriría en un delito de prevaricación".