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El ex rector de la Miguel de Cervantes será juzgado por presunto delito contra la libertad sexual

La Audiencia de Valladolid ha estimado el recurso de UGT contra el auto del juez que calificó los hechos de mera falta

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El ex Rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Santiago Fernández Fernández, será juzgado por un presunto delito contra la libertad sexual, al haber prosperado el recurso que la Asesoría Jurídica de UGT presentó contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 que calificó los hechos de una mera falta.

El auto de la Audiencia vallisoletana, de fecha 23 de mayo pero notificado ayer, estima así el recurso de apelación presentado por el sindicato, quien ejerce la acusación particular, y resuelve transformar las diligencias en procedimiento abreviado para que se juzgue al acusado por un presunto delito o delitos contra la libertad sexual.

La Sección 2 de lo Penal de la Audiencia Provincial, en dicha resolución a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, fundamenta su postura en lo declarado por la supuesta víctima, Elena F.P, quien aseguró que entre los meses de julio a octubre de 2003, en el ámbito del entorno laboral donde ella trabajaba como administrativo de dicha institución académica, el entonces rector gerente le ponía las manos en la cintura o le acariciaba la zona abdominal simulando que ayudaba a la misma a pasar por la puerta, le daba masajes en los hombros y espalda, abrazos e intentos de besos en la boca, así como que le hacía insinuaciones de carácter sexual.

"La negación de tales hechos por el denunciado no excluye la virtualidad de aquellos elementos, en su valor meramente indiciario, para seguir el proceso penal, pues en este momento procesal basta con la probabilidad de que los hechos hayan ocurrido y que los mismos pueden revestir características de presunto delito", probabilidad que, en opinión de la Sala, "no se descarta si ponemos en relación tales declaraciones de la denunciante con las manifestaciones de otros testitos referidas a la actitud y conducta del imputado con otras mujeres en el entorno de la universidad o de su trayectoria docente".

Pese a que el otros testigos alegaron no haber notado nada extraño en el comportamiento del rector ni haberse enterado de estos hechos, la Audiencia Provincial entiende que ello "no desvirtúa los datos o premisas anteriormente apuntadas, sino tan sólo constituyen elementos de otro signo, lo que suscita la necesidad de contratación y apreciación de los diversos elementos probatorios para el esclarecimiento de los hechos, labor que es propia de la fase del enjuiciamiento", concluye el auto.

Tras conocer la decisión de la Sala, que ha desestimado el recurso que el denunciado había presentado solicitando el sobreseimiento del caso, la Comisión Ejecutiva Regional de UGT Castilla y León expresó sus "satisfacción", máxime "ante conductas tan graves y condenables como es el caso de los ataques a la libertad sexual y la puerta a la esperanza que se abre para personas que sufren procesos similares".

Al recurso presentado por UGT se había sumado igualmente la Fiscalía de Valladolid para que Santiago Fernández fuera juzgado por delitos de abuso y acoso sexual presuntamente cometidos sobre una ex trabajadora, frente al criterio del juez instructor que en su auto de fecha 17 de noviembre de 2004 estableció que los hechos no revestían más que la categoría de falta.

POLEMICO AUTO DEL JUEZ

El instructor de las diligencias, en un polémico auto, determinó que los hechos habrán de analizarse en un juicio de faltas ya que, pese a reconocer que el ex rector se insinuó a la entonces trabajadora, trató de besarla en la boca y la acarició en distintas partes del cuerpo contra su voluntad, entendía que tales hechos son sólo "indicios de un comportamiento irregular y ofensivo que no tienen naturaleza o gravedad suficiente como para permitir una imputación razonablemente motivada de un delito grave".

El juez añadía que los hechos descritos por la víctima "no ofrecen intensidad ni material ni temporal por ser leves roces o encuentros, abrazos o intentos de besos de los que se zafa la denunciante" y que "no sugieren propósitos más incisivos sobre la libertad sexual de la persona ni extorsionan un propósito más firme ni agresivo".

La última prueba testifical celebrada con motivo de las investigaciones abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 se desarrolló el día 15 de octubre de 2004, fecha en la que el presidente del Consejo de Administración de la Miguel de Cervantes, Eliecer Villar, declaró por exhorto, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 29 de la capital madrileña.

Con el interrogatorio de Eliecer Villar fueron diecisiete las personas citadas a declarar en relación con el caso. La lista de testimonios la abrieron el 27 de noviembre y 19 de diciembre de 2003 la presunta víctima, Elena F.P, quien se encuentra representada jurídicamente por el sindicato UGT, y el acusado, Santiago Fernández, respectivamente.

La mayoría de los testigos declararon haber sufrido en sus carnes situaciones de acoso sexual o tener conocimiento del episodio denunciado por la trabajadora afectada. Entre las declaraciones más impactantes se encuentra la prestada el pasado día 1 de julio por una joven que fue alumna del ex rector y que aseguró haber sido objeto de una situación similar en 1995 cuando contaba 16 años y cursaba estudios en un centro privado de Madrid donde el imputado ejercía como profesor.

La testigo, Gemma R.V, una madrileña que de 25 años, relató con detalle cómo ella se vio sometida en su etapa de estudiante a acoso sexual por parte de Santiago Fernández, quien era su profesor de Física.

Aunque la joven declinó desvelar el contenido de su testimonio, tras ser advertida por el juez instructor del secreto de sus declaraciones, fuentes del caso informaron entonces de que la afectada llegó a denunciar los hechos a la dirección del centro y conoció entonces que su situación no era el única.

Las mismas fuentes desvelaron que la joven, hoy con carrera de Piano y Administración y Dirección de Empresas, vio cómo su entonces profesor la suspendía sistemáticamente cuando el sobresaliente era la calificación normal en el resto de sus asignaturas.

La trabajadora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Elena F.P. y otra compañera, Laura D.R.C., quien rehusó acudir a la vía penal y llegó a un acuerdo económico con la empresa por despido improcedente, fueron despedidas el 27 de noviembre de 2003 tras denunciar públicamente haber sido objeto de acoso sexual por parte del entonces rector, Santiago Fernández.

La primera también llegó a un acuerdo económico con la empresa al reconocer ésta su despido como improcedente pero, sin embargo, es la única que mantiene la denuncia contra el ex rector por presunto delito de acoso sexual.