HUELVA, 9 (EUROPA PRESS)
El Comité Español del BSA (Business Software Alliance) aseguró hoy que el Juzgado de lo Penal número uno de Huelva ha dictado sentencia de prisión por delitos contra la Propiedad Intelectual en el caso de la empresa Infoeco S.A. --el primero de los casos de la 'Operación Galeón'--, por la que condena al imputado, acusado de copiar y distribuir software sin licencia, a seis meses de prisión y a indemnizar por los daños y perjuicios causados a las compañías propietarias de los programas de ordenador distribuidos.
Según apuntó el Comité en una nota de prensa, Infoeco S.A. es una empresa dedicada a la venta, reparación e instalación de equipos informáticos y tiene su domicilio social en la Calle Nicaragua, esquina Valparaíso de Huelva.
Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA, afirmó que "la piratería de software dentro del canal de Distribución es una práctica cada vez más extendida". Según indicó, esto implica "una clara actividad de competencia desleal contra otros distribuidores de material informático que, cumpliendo con su deber de respetar la ley, comercializan el software de forma legal".
Frutos insistió en que "piratear y distribuir software ilegal a coste cero no es un negocio, es un delito y es importante que el distribuidor se dé cuenta del dinero que se pierde y los riesgos que se asumen con esta práctica ilegal".
Según informó el Comité, la 'Operación Galeón' es una acción nacional a gran escala, que se enmarca dentro de un procedimiento establecido por el Cuerpo Nacional de Policía, para actuar de forma habitual, constante y metódica en la investigación contra la delincuencia en el canal.
BSA apuntó que en España el índice de piratería se ha reducido dos puntos porcentuales en 2002 con respecto al ejercicio anterior, situándose en el 47 por ciento y las pérdidas económicas ascendieron a 97 millones de dólares. A pesar de estas mejoras, afirmó que "España sigue siendo el segundo país de Europa Occidental con mayor índice de delito informático, siendo sólo superado por Grecia, y continúa 12 puntos por detrás de la media europea".
La entidad indicó que en España el Código Penal tipifica los delitos contra la Propiedad Intelectual del software y se establecen penas de privación de libertad de hasta cuatro años, hasta cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido y multas de hasta 288.000 euros.
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