Unos 45.000 usuarios fueron estafados por esta empresa, con cantidades que llegan a los 3.000 euros
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer en Madrid a cinco personas por su presunta implicación en un fraude, que habría afectado a unos 45.000 usuarios, con un coste total estimado en más de 35 millones de euros, a través de programas de marcado ('dialers') que redirigían las conexiones de Internet a los números de tarificación adicional 907 606 009; 907 101 009; 906 997 992; 806 414 158, según informó el portavoz de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Benemérita, el sargento Pastor.
El portavoz de la UCO explicó, en una rueda de prensa conjunta con el director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, que la denominada 'operación Sable' comenzó en enero de 2003 cuando un usuario denunció que había recibido una factura telefónica por un importe de 1.300 euros en concepto de llamadas a un número 906 sin haber llegado a realizar dichas conexiones.
Tras la denuncia, agentes de la Guardia Civil de Pontevedra, a instancias del juzgado de instrucción, iniciaron las investigaciones y descubrieron que la empresa que había emitido las facturas, con sede social en Villaviciosa de Odón (Madrid) y servidor de Internet en Vigo (Pontevedra), tenía unos ingresos por facturación de cerca de cuatro millones de euros mensuales. Las indagaciones permitieron también averiguar que el fraude se cometía a través de unas 150 páginas web con contenidos de ocio, música, viajes y pornografía.
Una vez recopilada la información sobre los implicados y realizado el seguimiento del personal de la empresa, los agentes procedieron a detener a los dos propietarios de la misma (A.J.S.L., de 36 años de edad, y S.R.S., de 34) y a tres de sus empleados (el gestor del servidor de Internet, R.A.B., de 32 años, el gestor de sistemas, J.A.M.B., de 39, y el responsable de sistemas, J.M.G.C., de 31).
Pastor indicó que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones por posibles ramificaciones de esta red de fraude por Internet en Reino Unido o Portugal, al tiempo que aconsejó a los usuarios que, si lo consideran oportuno, soliciten a las operadoras telefónicas el bloqueo de los números de tarificación adicional, y que, en caso de verse afectados por un caso similar, no borren la información del disco duro de su ordenador.
LA OCU AGRADECE LA LABOR DE LA GUARDIA CIVIL
Por su parte, el director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, agradeció a los agentes de la Benemérita y al juzgado de instrucción encargado del caso la labor realizada y "la sensibilidad" demostrada ante este fraude.
Destacó que el descubrimiento de la estafa ha sido posible gracias a "la colaboración activa" de la empresa operadora, al tiempo que lamentó la indefensión que sufren los usuarios ante actuaciones delictivas de este tipo. En ese sentido, recordó que la primera denuncia que la organización que dirige envió a la Secretaría de Estado de Comunicación, en el año 2000, obtuvo como respuesta la confirmación de la existencia de ese problema sin compromiso alguno de impulsar acciones para evitar esas prácticas.
Por todo ello, tras lamentar la inexistencia de una legislación que prohíba el redireccionamiento no autorizado de una conexión de Internet vía teléfono a un número de tarificación adicional, Múgica criticó la pasividad de la Administración central ante estas prácticas y reclamó que el acceso a estos números se limite a los usuarios que previamente lo soliciten.
"Es muy triste que la única vía de resarcimiento ante el fraude sea la penal", señaló el director de la OCU antes de incidir en la necesidad de identificar a las empresas prestadoras de servicios de tarificación adicional con una dirección concreta y no un apartado de correos.
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