Industria cambia la normativa el mismo día que se descubre un fraude de 35 millones y el Senado aprueba una moción que le instaba a ello
MADRID, 32 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunció hoy una modificación de la normativa que regula los servicios de telecomunicación de tarificación adicional, el mismo día en que la Guardia Civil destapaba un fraude a 45.000 usuarios por valor de 35 millones de euros y en el que el Pleno del Senado aprobaba una moción instando al Gobierno a poner en marcha medidas urgentes que protegieran a los consumidores.
El principal cambio introducido por el Departamento que dirige José Montilla en la orden ministerial PRE/361, en vigor desde el mes de febrero de 2002, es la necesidad de los operadores de contar con el consentimiento previo y firmado del usuario para darle acceso a números que comiencen por 803, 806, 807 ó 907, y cuyo precio supere el euro. Además, aquellos también podrán requerir la solicitud para otros rangos de numeración de tarificación adicional.
Este requisito de solicitud expresa ('opt-in') venía siendo largamente reclamado por las asociaciones de consumidores y de usuarios de Internet, y también figura en la moción aprobada por la Cámara Alta a propuesta del PSOE, aunque con una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos.
La otra gran novedad de la nueva orden ministerial --consensuada con el Ministerio de Sanidad y Consumo, dadas sus competencias en esta materia-- es que incluirá dentro de su ámbito de aplicación a los servicios 'premium' de mensajería sobre telefonía móvil, accesibles mediante el envío de mensajes SMS dirigidos a números cortos.
FACTURAS DESGLOSADAS
Los cambios legislativos obligarán a las compañías de telecomunicaciones a incluir en sus facturas la identidad de los prestadores de servicios de tarificación adicional y a desglosar la tarifa que cobra el operador de la parte que le corresponde al titular de la líneas.
En caso contrario, el usuario tendrá derecho a no pagar las llamadas sin que le corten el servicio telefónico, o a exigir la devolución de su importe si se la hubiesen cargado en cuenta.
La nueva norma reconoce el derecho del abonado a pedir al operador la desconexión de estos servicios sin coste alguno, así como que éstos las lleven a cabo en diez días como máximo. Transcurrido este plazo, corresponderá a las compañías telefónicas el pago de las llamadas realizadas a estos números.
Asimismo, los operadores deberán a partir de ahora informar al usuario del precio, tipo y titular del servicio de tarificación adicional al que han llamado, mediante una locución de veinte segundos, antes de empezar a facturarlo como tal.
INFORMACIÓN EN PANTALLA
En cuanto a los servicios de tarificación adicional con conexión a Internet a través de números 907, los ISPs tendrán la obligación de ofrecer al usuario la posibilidad de aceptar o cancelar el acceso, garantizar que no puedan acceder a contenidos distintos de los que corresponda a la numeración empleada y les den información en pantalla sobre el precio, características del servicio e identidad del prestador.
Además, a partir de ahora, los abonados podrá reclamar ante las Juntas Arbitrales de Consumo o el propio Ministerio de Industria en caso de disconformidad con la factura, sin que le corten el servicio telefónico si paga la parte de las llamadas que correspondan únicamente al servicio telefónico.
Por último, se reduce de un mes a ocho días el plazo de retirada del número telefónico desde que la Comisión de Supervisión comunique al operador el incumplimiento del Código de Conducta por un prestador de servicios. Industria destacó que, para evitar fraudes, dicho número no podrá ser asignado otra vez en el plazo de un año.
OPERACIÓN POLICIAL
El Gobierno dio a conocer esta iniciativa horas después de que la Guardia Civil anunciase la detención en Madrid de cinco personas, acusadas de haber defraudado más de 35 millones de euros a unos 45.000 usuarios, a través de programas de marcado ('dialers') que redirigían las conexiones de Internet a números de tarificación adicional (906, 907 y 806).
La denominada 'Operación Sable', llevada a cabo en Madrid y Pontevedra, se centró en los responsables de una empresa situada en Vigo, pero con sede social en Villaviciosa de Odón (Madrid), se inició con la denuncia de un internauta que recibió una factura telefónica de 1.300 euros por llamadas a un 906.
Los estafados, algunos de los cuales recibieron facturas de más de tres mil euros, habían accedido a un conjunto de 150 páginas de Internet de contenidos musicales y pornográficos, que han sido clausuradas por orden judicial.
Asimismo, también coincidió en el tiempo con la aprobación hoy miércoles en el Pleno del Senado de una moción que instaba al Ejecutivo a poner en marcha medidas "urgentes para proteger a los usuarios" ante las "reiteradas estafas" mediante el uso de "llamadas telefónicas y conexiones fraudulentas a Internet".
Dicha iniciativa parlamentaria contemplaba la introducción de "cambios normativos" como "la solicitud previa del servicio", y consideraba "insuficientes" la regulación en vigor y los códigos de conducta suscritos por los prestadores de servicios de tarificación adicional.
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