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Noticias sobre espectáculos |
El TSJ mantiene la anulación del acuerdo del Consejo de RTVV que aprobó la privatización de servicios de Canal 9
VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)
La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decidido mantener la sentencia del juzgado número dos de Valencia por la que anuló la decisión del Consejo de Administración de RTVV de aprobar la privatización de determinados servicios de Canal 9 como el suministro de contenidos audiovisuales, el servicio de promoción e intermediación de espacios publicitarios y la edición de informativos y suministro de noticias.
En una sentencia de 70 páginas, la sala ha decidido desestimar el recurso interpuesto por RTVV, al que condena en costas, contra la sentencia dictada el pasado nueve de febrero por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia y mantiene la anulación del acuerdo del Consejo de Administración del ente, de 24 de marzo de 2003, ratificado una semana después, que aprobó los pliegos que debían regir el proceso de privatización para cumplir el acuerdo del Consell de 4 de marzo y el adoptado por las Cortes Valencianas el 12 de febrero.
El alto tribunal considera que del acuerdo del 24 de marzo se deprende la "absoluta trascendencia que, en términos cuantitativos y cualitativos" tiene el vínculo que el Consejo de Administración de RTVV se suscribirá con el adjudicatario del contrato "y que permiten concluir que existe una transferencia a terceros --por utilizar los términos del artículo 6 de la Ley 46/1983 de 23 de diciembre-- de la ejecución del Tercer Canal de Televisión que tiene concedido el ente público RTVV".
La sala indica que se pone en manos del adjudicatario del servicio de contenidos audiovisuales "el desarrollo de la totalidad de los programas infantiles, culturales, educativos, de ocio y entretenimiento" que se desarrollen en Canal 9 durante cinco años como mínimo y por un precio de 23.200.000 euros. Esto impide, según la sala, considerar que el contrato se vincula con prestaciones accesarias del servicio público, por lo que sostiene que se produce una "gestión indirecta del servicio público y no una simple transmisión de prestaciones accesorias".
El juzgado de primera instancia entendió que esta decisión del Consejo, recurrida por la Federación de Servicios de UGT, contravenía las previsiones normativas de la Ley estatal 46/1983 reguladora del Tercer Canal de Televisión que establece que la gestión de la televisión no podrá ser transferida bajo ninguna forma total o parcial a terceros.
Asimismo, este órgano judicial consideraba que el acuerdo suponía entregar a la empresa privada la gestión, desarrollo y producción de contenidos audiovisuales e informativos e incumplía el artículo 7 de la Ley de Creación del ente público RTVV en cuanto que el Consejo debe determinar anualmente el porcentaje de producción propia que debe incluirse en la programación del medio.
Según alegaba UGT, el vínculo con el adjudicatario del servicio se aproximaba al 30 por ciento del total de la programación de RTVV ya que se ofertaba el suministro de 1.884 horas de emisión al año, con un presupuesto de licitación de 23.200.000 euros y por un marco temporal de cinco años prorrogables hasta 11.
Contra esta decisión, había recurrido el ente público porque consideraba que UGT carecía de lesgitimación procesal para interponer recurso alguno; que los contenidos privatizados eran accesorios y que ni el acuerdo impugnado ni los pliegos sometidos al proceso de licitación por parte de la Sociedad TVV implican la transferencia a terceros del canal autonómico.
En su resolución, la sala cree que el sindicato recurrente está legitimado para hacerlo porque, entre otros motivos, la "correlativa importancia de los servicios que van a ser prestados por terceros, con posible incidencia en el empleo de los trabajadores que desarrollan su actividad" en la cadena y porque se "habla del ahorro de ingresos públicos" y una de las vías para alcanzarlo es la reducción de costes de personal.
Asimismo, la sala cree, al igual que la jueza, que falta demostrar "con la precisa certeza" que la modificación del Plan de Actuación de RTVV "supone la mayor eficacia del servicio público concedido a RTVV al transferir parte de su gestión a empresas privadas" y añade que no se puede dar por acreditado que con el proceso de licitación se pueda producir un gran ahorro de los recursos públicos, mejora y optimización.
VALORACION UGT
El secretario general de la sección sindical de UGT-RTVV, Víctor Sánchez, aseguró hoy que la sentencia del TSJ "desmenuza" toda la decisión que, en su día, adoptó la magistrada del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia, y da la razón al sindicato en cuanto a que está legitimado activamente para interponer el recurso; a que no se acreditaba suficientemente que se iba a mantener la plantilla de la cadena y que no había valoración del supuesto ahorro que la privatización supondría, según señaló.
Asimismo, destacó que al igual que en la anterior resolución, se reconoce que no se cumple ni el acuerdo ni la legislación autonómica y estatal. No obstante, consideró que "queda en el aire" y es "muy difícil" saber si contra esta resolución cabe recurso alguno en el Tribunal Supremo. Para el sindicato, dijo, la sentencia es "firme" aunque indicó que existen diversas interpretaciones jurídicas sobre si se puede dar esta posibilidad que piensa que no es "creíble".
El representante del sindicato manifestó que ahora se debe esperar a que se pronuncie el Consejo de Administración del ente, si bien consideró que espera que reconozca que "se han equivocado", den "carpetazo" a este proyecto y "redefinan su política en Radiotelevisión valenciana" para que se "acabe" el alto potcentaje de temporalidad y la "marginación" de algunos profesionales".
Confió en que se lleve a cabo una gestión con "criterios de racionalidad económica", que se "frene la deuda" y que se adopten criterios "democráticos" en cuanto a producción de informativos. Asimismo, Sánchez pidió que "se deje de manipular", que dé "servicio para todos los ciudadanos" y que "cambie toda la política del PP para TVV" de forma que produzcan otro modelo de televisión "pactado con partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales" y no el que realizan "hecho al servicio" de una formación determinada.
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