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El tripartito catalán quiere someter a examen a los miembros del Consejo de Administración de la CCRTV
BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
Los partidos socios del tripartito, que gobiernan la Generalitat de Cataluña, han presentado en el Parlament una proposición de ley conjunta en la que plantean que los altos cargos nombrados por la Cámara catalana como el Síndic de Greuges, los síndicos de Cuentas o los miembros del Consell Consultiu y el Consejo de Administración de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) se sometan a un proceso de evaluación de su idoneidad para ocupar el puesto al que aspiran.
La proposición, que ERC ya planteó la pasada legislatura aunque no culminó en ley y que se recoge en el Pacto del Tinell, podría aprobarse en el último pleno del año dando así paso a los trámites pertinentes para la redacción de la ley, según confirmó a Europa Press el portavoz parlamentario de los republicanos, Joan Ridao.
Según la proposición, el actual sistema vigente en Catalunya para la designación parlamentaria de cargos públicos "contempla serios interrogantes" ya que "no contempla suficientes mecanismos de control, ni de exigencia de responsabilidades o de posibilidad de revocación".
Por ello, el tripartito considera necesario "profundizar en los valores democráticos de las instituciones y garantizar la mayor eficiencia y neutralidad" política e institucional de los cargos nombrados por el Parlament, además de "la adecuación del alto cargo a los principios de méritos y capacidad que se le debe exigir".
Así, se propone que los candidatos a cargos de designación parlamentaria "comparezcan ante el Parlament para que, con carácter previo a su nombramiento, se evalúe su idoneidad. Estarían sometidos a este trámite los aspirantes a formar parte de la Sindicatura de Cuentas, el síndic de Greuges y sus adjuntos, los cinco miembros del Consell Consultiu de la Generalitat designados por el Parlament, los miembros del Consejo de Administración de la CCRTV, los miembros del Consell de l'Audiovisual de Catalunya y el vicepresidente de la Junta de Museos.
Según Ridao, el nuevo Reglamento de la Cámara deberá decidir qué comisión parlamentaria procederá a la evaluación de los candidatos mediante comparecencias públicas en las que el aspirante realizará una declaración y contestará las preguntas que se le formulen.
Este trámite, que será preceptivo para el nombramiento, se concluirá con la presentación por parte de los grupos parlamentarios de propuestas de resolución con carácter no vinculante donde manifiesten su criterio sobre la idoneidad de la persona candidata a ocupar el cargo. Pese a que legalmente no se evitaría el nombramiento, según Ridao, la "desautorización pública" al que se podría someter al candidato impide a la práctica su designación.
Los criterios de evaluación serían, según la proposición de ley "la naturaleza del cargo, el currículum profesional de la persona propuesta y las líneas básicas del proyecto de gestión que presente". Aún así, lo principal es que se "evidencie públicamente, ante la representación democrática del pueblo, el posicionamiento ideológico, la capacidad profesional y los proyectos del candidato".
El mecanismo que plantea el tripartito es el mismo que se aplica en la Unión Europea para la designación de los comisarios y que ha boicoteado el nombramiento del equipo de Manuel Durao Barroso después de los planteamientos expresados por Rocco Butiglione ante la correspondiente comisión del Parlamento Europeo.
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