MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) aplaudió hoy la "impecable" intervención de la Guardia Civil contra el fraude en la Red, posible, a su juicio, gracias a los "silencios" de los operadores que suministran los servicios de tarificación adicional a través de los números 906, 907 y 806.
La organización que preside Miguel Pérez Subías cifra en un treinta por ciento los beneficios de estas compañías, que --añaden-- cobran a los usuarios y remuneran al timador, con lo que "conocen perfectamente qué números tenían una recaudación que estaba fuera de los habitual".
Para la AUI, no se puede responsabilizar sólo a la empresa final que instala el web y los marcadores ('dialers'), puesto que para ello es también necesario anunciarla con campaña de publicidad mediante anuncios, enlaces y programas de afiliación con reclamos de logos, melodías, descargas y oportunidades.
Estos anuncios --añadió la AUI-- siguen estando en los webs de los principales buscadores, portales, medios de comunicación y agencias de publicidad. Además, la asociación recordó a todos ellos que son responsable de la publicidad de sus páginas y que el "todo vale si se paga" es uno de los elementos que más daño hace a la confianza de los usuarios.
CAMBIOS EN LA NORMATIVA
Finalmente, esta organización subraya en un comunicado que ya había pedido por escrito en tres ocasiones a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que se cambiara la normativa.
La AUI reacciona así a la detención en Madrid, anunciada ayer por la Guardia Civil, de cinco personas acusadas de haber defraudado más de 35 millones de euros a unos 45.000 usuarios, a través de programas de marcado ('dialers') que redirigían las conexiones de Internet a números de tarificación adicional (906, 907 y 806).
La denominada 'Operación Sable', llevada a cabo en Madrid y Pontevedra, se centró en los responsables de una empresa situada en Vigo, pero con sede social en Villaviciosa de Odón (Madrid), se inició con la denuncia de un internauta que recibió una factura telefónica de 1.300 euros por llamadas a un 906.
Los estafados, algunos de los cuales recibieron facturas de más de tres mil euros, habían accedido a un conjunto de 150 páginas de Internet de contenidos musicales y pornográficos, que han sido clausuradas por orden judicial.
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