Muchos han sido los casos en España en los que la intervención de las comunicaciones telefónicas han formado parte de la investigación penal. Lo cierto es que esta intervención, que ha ido ganando fuerza como uno de los instrumentos más eficaces de persecución de algunas formas de delito, se puede contemplar como ilícita si con esta acción se quebranta alguno de los artículos recogidos en la legislación vigente:


– El artículo 24 de la Constitución hace alusión al Derecho Fundamental de la Defensa, artículo que también se recoge en el 118 de Enjuiciamiento Criminal, por lo que se debe de contar con la defensa de un abogado y un procurador.
– El artículos 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija de manera clara el derecho a no declarar y a no confesarse culpable.
– El artículo 18 reafirma el Derecho a la Intimidad y al secreto de las comunicaciones, salvo que se dictamine lo contrario.
– En el artículo 199 del Código Penal se establece el secreto profesional al que está obligado un abogado, e incumplirlo puede suponer penas de hasta cuatro años de prisión.
– Asimismo, en el artículo 198 del Código Penal, se condena la revelación de secretos realizadas por un funcionario o autoridad pública fuera de los casos previstos por ley.

Escuchas-telefonicas1

Dicho esto, se concluye que para poder autorizar judicialmente una escucha telefónica, sin incurrir en prevaricación, se ha de analizar previamente si hay indicios de que dicha persona a la que se le va a someter a las escuchas es autora de un delito; qué información se pretende conseguir; y sobretodo, cuál es la justificación de dicha medida, es decir, si las medidas que se tomen ofrecerán un beneficio mayor del daño que se va a causar, como pueden ser los casos de terrorismo.


Además, si las escuchas que se van a llevar a cabo incluyen también las conversaciones abogado-cliente, hay más factores a los que hacer alusión, puesto que el secreto profesional entre ambos es un pilar fundamental en base a la confianza. El secreto profesional es un secreto legalmente impuesto, de ahí que el abogado queda exento del deber de denunciar aquellos delitos conocidos en el transcurso de su ejercicio.


Por lo general, una escucha telefónica conlleva el conocimiento y autorización por parte del juez instructor del caso. Dicho juez será el que investigue y el que indique qué datos pueden ser revelados y cuáles no son de interés.

 

Información facilitada por Marco Esteban, abogado especialista en casos de derecho ante el Juzgado de lo Penal.

Más información en Esteban Abogados Penalistas.

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