El Gobierno español realizó operaciones preocupantes por el tipo de material o por el riesgo en su utilización en Colombia, Estados Unidos, Ghana, Israel, México, Pakistán, Arabia Saudí, Bahréin y Egipto.

Las organizaciones recuerdan al Gobierno que la crisis económica no puede servir de excusa para dejar de cumplir escrupulosamente la Ley sobre Comercio de Armas de 2007

Desde el inicio de la presente legislatura, las ONG de la coalición “Armas Bajo Control” han alertado del posible impacto de la crisis económica en los controles en las exportaciones de armas. Existe una clara tensión entre las limitaciones y restricciones que la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, establece sobre el comercio exterior de material de defensa, y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas en el exterior para apoyar a la industria militar española, ante la bajada de ventas a nivel interno debido a los recortes en nuevas adquisiciones, principalmente debido a la deuda histórica acumulada por el Gobierno con diversas empresas españolas de material de defensa. Como resultado de ello, se incrementa el riesgo de que material de defensa español termine siendo objeto de operaciones en las que existe un riesgo de que sean utilizadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos.

La intensa agenda internacional del Sr. D. Pedro Morenés, ministro de Defensa, así como algunas declaraciones que ha emitido; las negociaciones en marcha con Arabia Saudí para vender carros de combate; o incluso la adopción de regulaciones exigidas para ciertas operaciones preocupantes, han ido incrementando estos temores.

En unas declaraciones públicas en 2010, ante la posible venta de carros de combate a Arabia Saudí, país que no cumple los mínimos en derechos humanos, el Ministro afirmó que “en Arabia Saudí hay una evolución desde su idiosincrasia.”  Recientemente el ministro de Defensa,  ha apostado claramente por la promoción de la capacidad exportadora de la industria de defensa .

Por otro lado, la aprobación de la Ley de medidas de liberalización para impulsar la exportación de dicho material (Ley 12/2012, de 26 de diciembre), que regula los acuerdos gobierno a gobierno, refleja el interés por incrementar las ventas de armas y abre interrogantes sobre su impacto en los procesos existentes de control en las exportaciones.

camiones pegaso militares

Amnistía Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau), Greenpeace e Intermón Oxfam manifiestan su temor por esta situación el día que presentan el informe que analiza las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material durante el primer semestre del 2012, elaborado con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

En breve se conocerán los datos de todo el año 2012 y se podrá analizar la evolución de las exportaciones españolas de material de defensa de forma global en este contexto de crisis económica.

Pero ya con estas cifras semestrales, las organizaciones recuerdan al Gobierno que la crisis económica no puede servir de excusa para dejar de cumplir escrupulosamente la Ley sobre Comercio de Armas de 2007, que establece en su artículo 8 que no se autorizarán exportaciones de armas cuando “puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Persisten las operaciones preocupantes
Durante el primer semestre de 2012, se mantuvo la tendencia denunciada por las ONG en informes anteriores de exportar material de defensa a países donde existe un alto riesgo de que se utilice para cometer o facilitar violaciones de los derechos humanos. En concreto el informe concluye que el Gobierno realizó operaciones que pueden calificarse de preocupantes por el tipo de material o por el riesgo en su utilización a un total de nueve países: Colombia, Estados Unidos, Ghana, Israel, México, Pakistán, Arabia Saudí, Bahréin y Egipto.

En el caso de los tres países del Norte de África y Oriente Próximo, las ONG reiteran su preocupación por el hecho de que se siguieran realizando exportaciones a pesar del alto riesgo de que el material se use para cometer y facilitar graves violaciones de derechos humanos en la zona. En esta línea, merece especial atención la negociación en marcha con Arabia Saudí para la venta de carros de combate. Las ONG insisten en que esta operación debería estar condicionada al establecimiento de salvaguardias y de sistemas de rendición de cuentas para evitar que el material exportado pueda ser usado para vulnerar los derechos humanos.

Asimismo, el informe menciona otra lista de operaciones que las organizaciones no consideran en principio especialmente preocupantes, pero sobre las cuales se requeriría mayor información para determinar el riesgo real de su realización.

Por todo ello, las ONG reiteran su demanda de un mayor control y transparencia para que se den a conocer los criterios que está utilizando la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) para aplicar la Ley.

Denegaciones justificadas pero insuficientes
Las ONG valoran positivamente que el Gobierno haya aplicado en algunos casos el criterio preventivo que contempla la Ley para denegar autorizaciones al existir dudas sobre el destinatario o uso final de los productos.

Durante el primer semestre de 2012, se denegaron tres exportaciones de material de defensa, una a Libia y dos a Bahréin en aplicación de los criterios de la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea. En material policial, armas de caza y tiro deportivo se produjeron tres denegaciones: a Canadá, Guinea Ecuatorial y Kosovo. Y en los productos y tecnologías de doble uso se denegó un acuerdo previo con China y dos licencias de exportación, una a India y una a Togo. También se renovaron dos denegaciones a Irán,  tres a Yemen y otra a Jordania.

El Tratado sobre Comercio de Armas: una muy buena noticia que incrementará los controles
El Tratado sobre Comercio de Armas, aprobado el 2 de abril en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un paso histórico para reforzar el control de la venta de armas entre países. Las ONG felicitan al Gobierno español por el papel activo y favorable de la delegación española y le piden que sea uno de los primeros 50 Estados en firmarlo y ratificarlo y que lleve a cabo las modificaciones legales necesarias para adaptar la legislación española al Tratado.

Recomendaciones de las ONG
Ante los resultados del informe sobre las exportaciones españolas realizadas el primer semestre de 2012, las ONG de Armas Bajo Control han presentado al Gobierno y al Congreso de los Diputados una serie de recomendaciones específicas entre las cuales se pide reforzar el control de las operaciones que por sus características pudieran resultar preocupantes para los derechos humanos.

Esto implica actuar en cuatro niveles:

1.    Cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente, especialmente del Artículo 8, no autorizando exportaciones de armas cuando “puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.
2.    Mejorar la aplicación de los criterios utilizados por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso para autorizar o denegar una exportación
3.    Realizar un seguimiento del material en el país de destino para asegurarse que no es utilizado para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos.
4.    Avanzar en la transparencia de la información sobre las transferencias realizadas

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