En virtud del Real Decreto 1437/2010, de 5 de noviembre, se declaran de aplicación a los miembros de la Guardia Civil las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, una declaración fundada en la naturaleza militar del Cuerpo y en la condición militar de sus integrantes.

Recurrida dicha norma por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ante la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala 3ª del Tribunal Supremo, con fecha 17 de octubre de 2012, dictó sentencia desestimatoria al sostener que el carácter militar de la Guardia Civil le debe ser reconocido en la totalidad de sus cometidos y funciones, y no sólo en las funciones militares que le pudieran ser asignadas, lo que viene a implicar que las Reales Ordenanzas, en cuanto código deontológico del comportamiento militar, son aplicables tanto a las Fuerzas Armadas como a la Guardia Civil. Del mismo modo, la sentencia desestima las impugnaciones alegadas en relación a defectos en la audiencia, informe y tramitación de la norma a través del Consejo de la Guardia Civil.

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La misma asociación profesional recurrente presentó escrito promoviendo un incidente de nulidad de actuaciones contra la citada sentencia, en el que, en síntesis, cuestionaba nuevamente la intervención del Consejo de la Guardia Civil y reiteraba que la aplicación del decreto a la Guardia Civil excedía las previsiones establecidas en normas de rango superior.

En Auto de fecha 4 de abril de 2013, la Sala 3ª del Tribunal Supremo, recordando el carácter excepcional del incidente de nulidad de actuaciones y su finalidad orientada a corregir vulneración de derechos fundamentales, alega que la parte recurrente no llega a identificar en el mismo ningún defecto de forma que haya podido causarle indefensión, sino que, cuestionando la aplicación del derecho llevada a cabo por el Tribunal Supremo, lo que en realidad pretende es combatir la decisión tomada por la Sala en su sentencia.

Argumentos recogidos en el Auto

  1. En el escrito promoviendo el incidente de nulidad de actuaciones, como pone de manifiesto el Abogado del Estado, no se identifica un solo defecto de forma que haya podido causar indefensión a la parte, sino que se cuestiona la aplicación del derecho llevada a cabo por el Tribunal Supremo.
  2. De lo que ha sido expuesto anteriormente se deduce con facilidad que lo que en realidad se pretende en el actual incidente de nulidad de actuaciones no es sino combatir la decisión tomada por esta Sala en su sentencia en contra de la tesis impugnatoria que la parte recurrente sostuvo en su demanda formalizada en el proceso principal.
  3. Esta pretensión, en cuanto encarna un nuevo enjuiciamiento y decisión de la controversia, equivale a un recurso procesal sobre la sentencia que rebasa la finalidad institucional que le está atribuida al incidente de nulidad de actuaciones.
  4. El recurrente pretende convertir el incidente de nulidad de actuaciones en una suerte de nueva instancia en la que se pueda cuestionar la aplicación del derecho que efectúa este Tribunal Supremo lo que no es posible como hemos declarado recientemente en nuestros autos de veintiuno de diciembre de dos mil doce (Rec. de Casac. Nº 2105/2008) y quince de febrero de dos mil trece (Recurso Cont-Adm. Nº 510/2010).

El Auto declara no haber lugar al incidente de nulidad de actuaciones solicitado e impone a la parte recurrente las costas correspondientes al citado incidente. Además, se añade que Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

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