Published On: Vie, Ago 19th, 2011

En la protección de datos sanitarios, el derecho va por detrás de la realidad

SINC

Unai Aberasturi, jurista de la UPV/EHU, ha estudiado lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) sobre este ámbito, llegando a la conclusión de que, habitualmente, se deja en manos de la interpretación. Advierte de la inseguridad jurídica respecto a esta materia, y recalca la necesidad de una normativa concreta que regule la protección de datos sanitarios.

El investigador ha llevado a cabo un estudio conjunto de la normativa sanitaria y la de protección de datos. En el segundo caso, ha tratado de aclarar el contenido de las normas de la LOPD que incumben a dicho sector, incluidas en su mayoría en los títulos segundo (Principios de la protección de datos) y tercero (Derecho de las personas). Aberasturi puntualiza que la LOPD otorga una protección especial a los datos de salud (artículo 7), por lo se les reconoce un régimen de salvaguarda más estricto.

Calidad y consentimiento

Bajo este régimen, se deben respetar los denominados principios de calidad, aunque, al ser datos sanitarios, su cumplimiento debe estudiarse caso por caso. Los principios de calidad son, concretamente, el principio de finalidad, el de pertinencia, y el de veracidad. Según el principio de finalidad, los datos no podrán emplearse para un fin distinto al que motivó su recogida. Aberasturi explica que se debería especificar a qué fin de todos los posibles en el sector sanitario (asistencia, investigación, estadísticas…) responde dicha recogida. En cuanto al principio de pertinencia, consiste en no recabar más datos de los necesarios. Cuando se trata de datos sanitarios, el investigador cree que, ante la duda, es mejor que al profesional le sobre información a que le falte, ya que si no podría ser perjudicial para la salud. Finalmente, el principio de veracidad implica cancelar los datos del pasado a medida que se actualizan. En la sanidad, el historial es útil, por lo que esta norma debería flexibilizarse.

El denominado consentimiento informado (que implica tanto el derecho a ser informado como a otorgar consentimiento) es otro de los derechos que incluye una protección especial otorgada por la LOPD. Sin embargo, pueden ocurrir conflictos en el ámbito de la salud, porque hay casos en los que el derecho del paciente a controlar lo que sucede con sus datos (autodeterminación informativa) choca con el de la protección de la salud.

Aunque el paciente debe recibir información siempre que se pueda, por cuestiones prácticas, no es asumible que el facultativo le informe en cada acto asistencial. De la misma manera, la manipulación y acceso a los datos con finalidad asistencial sanitaria no puede supeditarse a recabar el consentimiento del titular en cada caso. Para proteger la salud de los pacientes, la documentación clínica debe ser accesible para el personal sanitario (así lo requiere la normativa sanitaria), así como fluir ágilmente. Por lo tanto, Aberasturi entiende que hay base suficiente en la OLPD para concluir que el derecho a la autodeterminación informativa cede ante el derecho a la protección de la salud.  

Transmisión y derechos personales

Existen otros aspectos a considerar, como la transmisión de datos. La externalización de determinados servicios no es algo ajeno al ámbito sanitario, por lo que el acceso a los datos sanitarios por cuenta de terceros está regulado. Sin embargo, Aberasturi explica que los problemas surgen cuando esta transmisión se efectúa a nivel internacional, porque la LOPD no siempre garantiza (depende de su finalidad) que la transferencia se realizará a un país seguro en cuanto a protección de datos. En este caso, aboga por estrechar el cerco y no permitir una interpretación demasiado amplia sobre cuándo se puede transferir información sin repercutir en los derechos de su titular.

Finalmente, la LOPD también hace referencia a los derechos de las personas, algunos de los cuales resultan conflictivos en el ámbito sanitario. Por ejemplo, el derecho a la rectificación: los datos sanitarios son difíciles de comprender para el ciudadano de a pie, por lo que su titular no debería corregirlos unilateralmente. Aberasturi entiende, pues, que se trata de una labor fundamental, pero que debe llevarse a cabo en colaboración con los profesionales sanitarios. Por su parte, el derecho de cancelación choca con la normativa sanitaria, que obliga a conservar la documentación clínica durante cierto tiempo. Como solución, en este caso, se debe garantizar que solo se guardan los datos estrictamente necesarios y que se disocia la información en la medida de lo posible.



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