Así lo revela el recoge el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los principales contratos adjudicados para la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona, cuyas obras comenzaron el 1 de enero de 2002, durante el Gobierno de José María Aznar, hasta la puesta en funcionamiento de la línea, en febrero de 2008, a finales del primer periodo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el documento, la construcción de cada uno de los 621 kilómetros de la relación AVE que une Madrid y Barcelona costó de media 14,44 millones de euros, con lo que la desviación global respecto de los precios inicialmente previstos se elevó hasta el 31,4%.

Para el organismo fiscalizador, esta desviación se puede atribuir a las “modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de emergencia, a las revisiones de precios y a las liquidaciones adicionales”, además de a las prórrogas y ampliaciones de plazo, que tuvieron un periodo medio de 4,5 meses por expediente.

ave madrid barcelona

Lapso 2002-2008: un 43,2% más

Sin embargo, si el análisis se circunscribe a los años que recoge el informe, entre 2002 y 2008, la desviación es incluso mayor, ya que de los 2.851,45 millones de euros que se licitaron se adjudicaron finalmente por 2.599,98 millones de euros, previéndose un ahorro del 8,8%, pero finalmente se gastaron 3.721,97 millones de euros, un 30,5% más que lo previsto y un 43,2% por encima de lo adjudicado.

En este periodo -en el que se incluyen dos años de Gobierno ‘popular’ y cuatro socialista-, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) hizo un “uso abusivo” de la tramitación de expedientes como ‘de urgente necesidad’, sobre todo porque posteriormente “todos fueron tramitados por el procedimiento ordinario de concurso abierto y sin reducción de plazos”.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas apunta que el plazo de inicio de las obras en estos años se demoró en el 30% de los contratos, con un retraso medio de siete meses en el comienzo de las obras, aunque en dos de los proyectos la puesta en marcha de los trabajos se pospuso 30 meses. “En numerosas ocasiones estos retrasos se debieron a que se iniciaron las licitaciones sin haber comenzando las expropiaciones forzosas de los terrenos afectados”, se puntualiza.

También en estos ejercicios se detectaron numerosas modificaciones de los proyectos, incluso a pesar de que las “necesidades nuevas o causas imprevistas” alegadas para justificar estos cambios ya se conocían antes del inicio de las obras y “eran debidas a vicios, indefiniciones u omisiones” o se derivaban por una “defectuosa ejecución” de las obras.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas recuerda que ya había alertado de “la mayoría de las deficiencias y debilidades” en materia de “retrasos y sobrecostes muy significativos” que se han constatado, por lo que reclama que se pongan en marcha mecanismos para hacer previsiones “más realistas” de plazos y costes de ejecución, para “evitar la utilización generalizada de las modificaciones de los contratos y las suspensiones temporales de obras”; así como “detallar con claridad” las razones que fundamentan las solicitudes de prórrogas.

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