Según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección. Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría según el Gobierno a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas. Tal y como ya informó HOSTELTUR noticias de turismo, cientos de urbanizaciones costeras anteriores a 1988 serán legalizadas. La nueva Ley de costas permitirá así que centenares de núcleos urbanos costeros en toda España construidos con anterioridad a la Ley de Costas de 1988 se vean beneficiados por la reducción de la franja de servidumbre de protección, que pasará de 100 metros a 20 metros. Esta modificación legalizará en la práctica numerosas viviendas y urbanizaciones, donde podrán realizarse obras de ampliación o mejora. Pero se prohíben nuevas edificaciones en estas áreas. Con ello se trata de “solucionar problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa”.

En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

urbanismo salvaje

En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.

Se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe  garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.

Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado el día de “duelo” al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene “ningún espíritu de protección”. Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer ‘El PP vende nuestras costas’. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.

Todas las enmiendas presentadas en la Cámara Alta han sido ratificadas contando con el voto favorable del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los ‘populares’. Y es que se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.

Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, prevista en los próximos días.

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