Acusar a Putin de posibles crímenes de guerra es muy complicado y cualquier condena que se le imponga es práctimente imposible de aplicar

Prácticamente desde el inicio de la invasión y antes de los cientos de civiles asesinados en Bucha, Ucrania acusaba a Rusia de cometer crímenes de guerra y voces públicas a todos los niveles han respaldado esas afirmaciones. El mismo presidente Biden ha pedido expresamente que el presidente ruso Vladimir Putin se enfrente a un juicio por crímenes de guerra.

Sin embargo, los expertos advierten de que sería un proceso difícil y largo para hacer rendir cuentas a Putin y que sería todavía más complicado intentar que se cumpliese cualquier orden de detención u otro tipo de condena dictada contra él.

Entonces ¿se puede responsabilizar a Putin personalmente de los crímenes de guerra? Se puede intentar pero es muy difícil llegar a tener algún resultado en los tribunales internacionales.

Los tribunales internacionales

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el más alto tribunal de la ONU, no es la vía adecuada. En primer lugar porque fue creado para resolver disputas entre países, no para dictaminar sobre individuos. Y en segundo lugar porque cualquier decisión que tome tendría que ser aplicada por el Consejo de Seguridad de la ONU y Rusia tiene derecho de veto en ese organismo.

El Tribunal Penal Internacional podría ser sería el tribunal que podría encargarse de cualquier posible procesamiento de Putin porque juzga realmente a los individuos. El reto es que hay que sentar a los supuestos delincuentes delante del Tribunal. ¿Quién estaría dispuesto a detener y trasladar a Putin a La Haya?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos apenas vale la pena mencionarlo porque Rusia fue expulsada del Consejo de Europa después de la anexión de Crimea y queda, por tanto, fuera de su jurisdicción.

¿Existen otras vías para presentar cargos contra Putin?

Para procesar al mandatario ruso los tribunales europeos podrían utilizar la doctrina de la jurisdicción universal, que es el concepto jurídico según el cual el sistema judicial de un país puede admitir causas contra personas acusadas de cometer delitos graves, como crímenes de guerra y genocidio, aunque el presunto delito se haya producido fuera del territorio del país acusador.
La doctrina se utilizó, por ejemplo, cuando los tribunales españoles juzgaron al dictador Augusto Pinochet, por los abusos cometidos cuando gobernaba Chile.
Sin embargo, el cruce de acusaciones y jurisdicciones de que esto genera acaba generando tantos problemas que las distintas jurisprudencias nacionales tienden a ser enormemente restrictivas en su aplicación.

Otro enfoque para llevar a los rusos ante los tribunales sería que Estados Unidos y sus aliados, como Francia, Reino Unido y Alemania, intentaran crear un tribunal internacional ad hoc, similar a los juicios por crímenes de guerra de Núremberg y Tokio pero dadas la limitadas dimensiones geográficas y humanas del conflicto comparado con la II Guerra Mundial (hasta ahora) es difícil que se llegue a un acuerdo así. Hay que tener en cuenta que fuese cual fuese una hipotética derrota rusa, los daños sufridos por el país serán mínimos y us estructuras estatales se mantendrán intactas aún en el caso extremo de que se derrocase internamente a Putin.

Las dificultades prácticas

A todas estas dificultades políticas para condenar a Putin por crímenes de guerra hay que sumar una dificultad práctica insoslayable: una vez que existiese una vía procesal abierta habría que demostrar que las muertes calificadas como crímenes de guerra han sido directa e indudablemente ordenadas por el dictador.

Para una condena así harían falta documentos, grabaciones, testimonios o cualquier tipo de prueba contundente que demuestre indubitablemente la orden de cometer los crímenes de guerra. No es que sea difícil de creer que ese tipo de pruebas se vayan a aportar, es que cuesta creer que nadie firme una orden mandando ejecutar a civiles con las manos atadas en la espalda o que algún mando militar vaya a testificar contra su presidente diciendo que recibió ordenes expresas de fusilar a todos los hombres mayores de doce años, principalmente porque tal cosa le supondría automáticamente su propia condena a perpetuidad.

¿Para qué sirven los procedimientos iniciados?

Tienen dos funciones básicas: por un lado, la de atribuir legitimidad a una de las partes del conflicto y por el otro, al tratarse de delitos de lesa humanidad que nunca prescriben, las condenas aunque tarden en obtenerse y sean difíciles de aplicar, siempre recaerán sobre los encausados, quienes no podrán salir de su país ni por placer ni para viajes políticos o diplomáticos, condenando a esos dirigentes al ostracismo internacional.

Solo por eso ya vale la pena iniciarlos… y en esas están.

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